El diputado Maximiliano Ferraro denunció que Harbour Energy, vinculada a operaciones hidrocarburíferas en las Islas Malvinas, posee el 15% de Southern Energy, un proyecto autorizado por el Gobierno bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.
El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, cuestionó al Gobierno por haber otorgado beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a un proyecto que, según denunció, tiene entre sus integrantes a una petrolera británica vinculada con actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas.
La empresa señalada es Harbour Energy, que posee el 15% de Southern Energy, una iniciativa autorizada por el Gobierno mediante la Resolución 559/2025 para desarrollar actividades relacionadas con la producción y exportación de gas desde la provincia de Río Negro.
Según planteó Ferraro, Harbour Energy es la misma persona jurídica que anteriormente operaba bajo la denominación Premier Oil PLC, nombre que fue reemplazado en 2021. El legislador recordó que Premier Oil había sido inhabilitada en 2013 en el marco de la Ley 26.659.
Aquella medida estuvo vinculada con actividades de exploración de hidrocarburos realizadas sin autorización en la plataforma continental argentina, en las inmediaciones de las Islas Malvinas, de acuerdo con los antecedentes citados por el diputado.
La denuncia adquiere especial relevancia porque se produjo en paralelo con una ofensiva anunciada por el Gobierno contra empresas y personas relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
Un proyecto estratégico para la exportación de gas
Southern Energy forma parte de un proyecto de infraestructura energética de gran escala que contempla operaciones logísticas en el sur argentino. El esquema prevé la instalación de cañerías y un importante movimiento de materiales.
De acuerdo con la información difundida sobre el proyecto, está prevista la llegada mensual de buques encargados de transportar aproximadamente 3.500 tubos, que serán utilizados para avanzar con la construcción de las instalaciones necesarias.
En simultáneo, la controversia sigue en el ámbito judicial. La denuncia presentada sobre la participación de la empresa permanece a la espera de una resolución de la Justicia.
El planteo de Ferraro objeta de este modo la participación de Harbour Energy en Southern Energy y, particularmente, la compatibilidad de esa participación con las políticas que el propio Gobierno impulsa respecto de las empresas vinculadas a actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas.
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