Josué Gutiérrez, titular de la Defensoría del Pueblo, se encuentra nuevamente bajo cuestionamiento luego de que una investigación de Cuarto Poder revelara una serie de contrataciones, ascensos y designaciones que presentan elementos considerados sospechosos.
Los casos expuestos muestran que algunas personas que llegaron a ocupar puestos dentro de la institución mantuvieron previamente reuniones con el defensor, mientras que informes de la Contraloría General de la República identificaron incumplimientos en los perfiles profesionales y cuestionamientos en determinados procesos de selección.
La investigación pone bajo la lupa la manera en que se incorporó personal a la Defensoría durante la gestión de Gutiérrez, especialmente por la existencia de casos en los que personas sin experiencia previa en el sector público comenzaron a prestar servicios para la institución poco después de visitar el despacho del titular.
Uno de los casos corresponde a Lucía Yalán Cano, quien acudió al despacho de Josué Gutiérrez el 12 de junio de 2024 para mantener una reunión que se prolongó por más de dos horas.
Según los registros revisados por la investigación, Yalán no había prestado servicios anteriormente para el Estado. Sin embargo, semanas después de aquella reunión obtuvo su Registro Nacional de Proveedores (RNP) y posteriormente recibió cinco órdenes de servicio consecutivas.
Su incorporación a la Defensoría no terminó allí. Después de desempeñarse como locadora, Yalán pasó al régimen laboral CAS, donde asumió como asistente administrativa.
El caso llamó la atención por la cercanía temporal entre la reunión sostenida con el defensor y el inicio de sus actividades para la institución.
Otro caso expuesto fue el de Nicole Mingos Medrano, ciudadana de Huánuco que visitó el despacho de Gutiérrez en dos oportunidades durante el mismo día, el 30 de julio de 2024.
Tres días después de aquellos encuentros, Mingos inició el trámite para obtener su RNP. Posteriormente, consiguió cuatro órdenes de servicio antes de ser contratada mediante el régimen CAS.
Ambas involucradas fueron consultadas por los investigadores y, de acuerdo con el reportaje, intentaron desvincular sus posteriores contrataciones de las reuniones que habían mantenido en las instalaciones de la Defensoría.
Sin embargo, los registros oficiales de visitas y contrataciones forman parte de los elementos que han generado cuestionamientos sobre la existencia de un posible patrón en la incorporación de personal durante la actual gestión.
Contraloría detectó irregularidades en cargos de confianza
Los cuestionamientos no se limitaron a las contrataciones mediante órdenes de servicio. Los informes de la Contraloría General de la República también encontraron inconsistencias en designaciones de puestos de mayor responsabilidad dentro de la Defensoría.
Uno de los casos más delicados corresponde a Betbiary Díaz Coral, quien fue designada en julio de 2024 como jefa del Programa del Derecho a la Salud.
Para ocupar ese cargo, el perfil establecido exigía acreditar cuatro años de experiencia específica. No obstante, la Contraloría detectó que la documentación presentada no acreditaba el tiempo de experiencia requerido.
De acuerdo con el informe de control, desde el área de Recursos Humanos se habría consignado como experiencia laboral un periodo mucho mayor al que realmente podían demostrar los certificados.
El caso resulta particularmente llamativo porque algunos documentos solo acreditaban siete días de trabajo, pero fueron considerados para consignar hasta tres años y dos meses de experiencia.
Esta situación generó una observación directa de la Contraloría respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos para el cargo.
Díaz dejó la jefatura en enero de 2025 debido a estas observaciones. Sin embargo, su salida del puesto no significó el final de su vínculo con la gestión de Gutiérrez.
Posteriormente, fue designada como asesora I y más adelante volvió a ser promovida, esta vez al cargo de adjunta.
El caso abrió nuevas interrogantes sobre la forma en que se realizaron los nombramientos y ascensos dentro de la institución, particularmente porque la funcionaria había sido cuestionada previamente por no acreditar el perfil requerido para una de las posiciones que ocupó.
Excolaboradora parlamentaria también fue observada
Otro de los casos incluidos en el expediente de fiscalización corresponde a Margarita Yahuana Correa, quien anteriormente se desempeñó como colaboradora parlamentaria vinculada al entorno de Josué Gutiérrez.
Yahuana ocupaba una plaza bajo el régimen CAS cuando decidió participar en un concurso público interno para acceder a una plaza bajo el régimen laboral 728.
El proceso fue observado por la Contraloría debido a una situación considerada incompatible con los principios de transparencia que deben regir una convocatoria pública.
Según el informe, la propia Yahuana habría participado en la recopilación y consolidación de información administrativa relacionada con el concurso en el que ella misma era postulante.
La situación generó cuestionamientos debido a que la funcionaria habría tenido acceso a información vinculada con un proceso en el que tenía un interés directo como candidata.
Finalmente, Yahuana ganó el concurso y experimentó un importante incremento salarial: pasó de percibir aproximadamente S/7.000 a recibir el doble de esa cantidad.
Su crecimiento dentro de la institución tampoco terminó allí. Posteriormente, fue promovida a la Dirección General de Administración de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
De esta manera, el caso se suma a las otras designaciones cuestionadas durante la gestión de Gutiérrez y forma parte del conjunto de hechos que vienen siendo examinados a partir de los informes de control.
