A través de una misiva, el magistrado José Joaquín Urbano Martínez pidió medidas de protección urgentes para los integrantes de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema y sus familias, ante posibles riesgos derivados de la condena contra Juan Francisco Gómez, alias Kiko Gómez. La solicitud quedó consignada en un oficio fechado el 2 de septiembre de 2026 y dirigido al presidente de esa sala, Carlos Roberto Solórzano Garavito.
La petición del togado se apoyó en varios hechos reportados en el mismo proceso. El procurador Pedro Luis Bonilla Bolaños informó sobre una bala disparada dentro de su oficina en el Ministerio Público: halló dos ventanas rotas y rastros de dos disparos de fusil. La procuradora Gloria Guzmán Duque, por su parte, expresó preocupación por su seguridad tras la circulación en plataformas virtuales de un supuesto plan criminal.
Ante este panorama, Urbano Martínez advirtió en el oficio que “existe la posibilidad de que los magistrados de la Sala de Casación Penal estemos en riesgo”. En la carta, el integrante del alto tribunal solicitó que la información fuera remitida a la Dirección de Protección de la Policía Nacional para aumentar de forma urgente los esquemas de seguridad. La preocupación, según el documento, también abarcó a las familias de los magistrados.
Los hechos que activaron la alarma de seguridad
Al respecto, Bonilla Bolaños, procurador primero delegado para Casación Penal, informó el 1 de septiembre que la semana anterior apareció una bala disparada dentro de su oficina, ubicada en el piso 26 de la sede de la Procuraduría en Bogotá. El funcionario intervino ante la Corte para pedir que se condenara a Gómez, motivo por el que considera que detrás de este acto estaría el polémico exgobernador de La Guajira, condenado por concierto para delinquir agravado.
Por su parte, el magistrado Urbano Martínez añadió en el oficio otro reporte del mismo despacho que Bonilla, “esta semana, al llegar a su oficina, encontró dos ventanas rotas y evidencia de dos disparos de fusil”. A esos reportes se sumó la alerta presentada el 26 de agosto por Guzmán Duque, en su calidad de procuradora judicial II y que promovió una de las demandas de casación contra la absolución que, en octubre de 2024, dictó el Tribunal Superior de Bogotá.
La mujer indicó preocupación por su seguridad personal y por la de los funcionarios judiciales que intervinieron en ese proceso, pues se teme de un supuesto plan criminal. “Un poderoso asesino guajiro —hoy preso y con varias condenas en última instancia— les pidió a los miembros de su familia renunciar a los cargos públicos que ocupan y radicarse en Italia, donde tiene nacionalidad”, lo anterior mientras se ejecutarían los tres asesinatos que habría ordenado.
Es válido precisar que el oficio se siguió contra Gómez por tres homicidios agravados y concierto para delinquir. En su fallo, el Tribunal Superior de Bogotá dejó prescribir la acción penal por dos homicidios, lo absolvió por el restante y lo condenó solo por concierto para delinquir; en un proceso en el que se radicó un recurso de casación, que en abril de 2026 revocó esa absolución y condenó a Kiko Gómez por homicidio agravado a 31 años y 8 meses de prisión.
Frente al expediente, el magistrado señaló en el oficio que esa sentencia sigue vigente, aunque podría quedar sin efectos por una eventual acción de tutela. Y por ello pidió que la Policía Nacional conociera la situación y reforzara de inmediato la seguridad de los funcionarios judiciales y de su entorno familiar. Gómez habría ordenado el asesinato de Luis Gregorio López Peralta, y también los de Rosa Mercedes Cabrera Alfaro y Luis Alejandro Rodríguez Frías.
Presidente De la Espriella reaccionó a la petición y anunció apoyo
Frente al pronunciamiento del alto tribunal, el presidente Abelardo de la Espriella expresó su respaldo a la rama judicial. Afirmó que recibió “la preocupación expresada por la Sala de Casación Penal de la Corte frente a la seguridad de sus magistrados” y sostuvo que dio instrucciones a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para “reforzar de inmediato todas las medidas necesarias para garantizar su protección” durante su ejercicio.
En su mensaje, el primer mandatario lanzó una clara advertencia dirigida a los que amenacen a los integrantes del alto tribunal: “Lo que es con la Sala Penal de la Corte es conmigo. Quien se mete con la Corte, se mete con el presidente de la República”. Y añadió que en Colombia “nadie puede amenazar, intimidar o pretender doblegar a un magistrado o a un juez y creer que no habrá consecuencias”, en relación con este caso que generó preocupación en el espectro político.
Por último, el gobernante señaló que “sea quien sea que esté detrás de estas amenazas, Kiko Gómez o cualquier otro, será identificado, perseguido y llevado ante la justicia”; por lo que aseguró que, bajo su eventual Gobierno, “las instituciones se respetan, a los jueces se les garantiza su independencia y la justicia no se intimida”. De esta forma, cerró filas en respaldo a los organismos de justicia y los entes de control, en sucesos que ameritaron su respuesta.
