El traslado a La Picota de cuatro procesados y condenados implicaría la pérdida de los beneficios que tenían en el Cespo de la Policía, una guarnición distinta de una cárcel de máxima seguridad.
Según información revelada por Caracol Radio, durante la mañana de este miércoles 9 de septiembre, un operativo llevó desde el Cespo a Andrés Calle, el alcalde de Villa de Leyva Víctor Gamboa, el abogado Álex Vernot y el exdirector del DAS Emiro Rojas.
Fuentes consultadas por el medio radial confirmaron que el cambio de reclusión incluyó a estas cuatro personas, vinculadas a procesos por corrupción, actuaciones urbanísticas, soborno y torturas psicológicas contra una periodista.
Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, permanece investigado por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La Fiscalía busca determinar si el excongresista recibió dinero, alrededor de 1.000 millones de pesos, o beneficios para favorecer al Gobierno en la aprobación de proyectos y decisiones políticas dentro del Congreso.
Por su parte, el alcalde Gamboa enfrenta una investigación por posibles irregularidades en trámites urbanísticos de Villa de Leyva. Las autoridades examinan si intervino de forma indebida en procedimientos administrativos relacionados con proyectos o permisos de construcción.
Vernot, abogado de Carlos Mattos, cumple una condena de seis años de prisión por soborno en actuación penal dentro del caso Hyundai. La justicia concluyó que participó en una maniobra para ofrecer dinero a un testigo con el fin de que dejara de colaborar con la Fiscalía durante la investigación.
Finalmente, el exdirector del DAS Emiro Rojas fue condenado por las torturas psicológicas contra la periodista Claudia Julieta Duque. El expediente se relaciona con actos de intimidación y hostigamiento atribuidos al antiguo organismo de inteligencia por el trabajo investigativo de la comunicadora.
La nueva decisión, aunque no es confirmada por el Gobierno nacional, se estaría dando en medio de la nueva estrategia del presidente Abelardo de la Espriella de despojar de privilegios y desarticular posibles grupos criminales formados al interior de las prisiones del país.
De hecho, el gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó el traslado de 403 presos en sus dos primeros días, una cifra muy superior a la que se conocía en público y que, según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, respondió a alertas de seguridad, pedidos de familias, clasificaciones de peligrosidad y medidas para proteger a internos y guardianes.
El detalle oficial indica que el 7 de agosto, día de la posesión presidencial, hubo 39 traslados, y que al día siguiente cambiaron de centro de reclusión 364 internos. La respuesta del Inpec a un derecho de petición, citada por El Tiempo, mostró así la dimensión de un operativo que hasta ahora se asociaba con un grupo mucho menor de reclusos de alto perfil.
La opinión pública tenía registro de al menos 117 movimientos, entre ellos varios de los designados por el gobierno de Gustavo Petro como negociadores de paz. La información oficial elevó ese total a más de 400 personas privadas de la libertad en apenas dos jornadas.
El propio Inpec explicó que las decisiones se adoptaron mediante actos administrativos y que no obedecieron a una única causa. De acuerdo con la entidad, el objetivo fue preservar la seguridad nacional, descongestionar cárceles y proteger la integridad tanto de los internos como del personal penitenciario.
La autoridad penitenciaria precisó que entre los motivos hubo solicitudes de los propios reclusos o de sus familias, alertas elevadas por directores de establecimientos y clasificaciones de riesgo para personas consideradas de alta peligrosidad. En los 167 traslados registrados bajo la Resolución 006052, según la información publicada, se combinó ese conjunto de razones.
