La crisis en Granja Tres Arroyos suma tensión a medida que pasan los días y la paralización de la planta se consolida como un escenario crítico para la economía local.
La firma envió 1200 telegramas de despido en sus distintas filiales, afectando de lleno a 700 familias de Capitán Sarmiento.
A pesar de que el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria, la empresa incumple la medida y no está operando, lo que agrava la desprotección de los operarios que formalmente deberían haber sido reincorporados.
Ante la falta de avances, la incertidumbre en los portones cedió el paso a la urgencia en los barrios.
Los trabajadores ya no están acampando frente a la fábrica, sino que concentran la logística solidaria sobre la calle 29 de Junio, paralela a la vieja Ruta 8.
Allí, en una olla popular instalada para responder a la emergencia, el número de viandas entregadas creció de forma exponencial: comenzaron elaborando 100 por noche y en los últimos días la demanda se disparó a más de 300 raciones ante la imposibilidad de muchos hogares de garantizar el plato diario.
En el frente laboral, los representantes gremiales denuncian una parálisis total por parte de la patronal y la falta de acatamiento a las resoluciones provinciales.
“Se supone que estamos reincorporados, pero la empresa incumple con la conciliación obligatoria y no está operando”, advirtió Adrián Rodríguez, delegado de la planta.
Según detalló el trabajador, inspectores del Ministerio de Trabajo bonaerense se presentaron en el predio para certificar la falta de actividad y aplicar los protocolos de fiscalización correspondientes.
El conflicto laboral dará un salto nacional ante la falta de respuestas de la patronal y la crisis habitacional que empieza a golpear a los operarios.
“Tenemos compañeros complicamos con los alquileres y mañana realizamos una movilización a la Secretaría de Trabajo de la Nación en Capital Federal; de esta situación van a derivar cosas nuevas”, advirtió Rodríguez, al ratificar que la empresa incumple con la conciliación obligatoria y mantiene la planta paralizada.
La paralización de los ingresos aceleró el deterioro social.
Varios operarios enfrentan notificaciones de desalojo por la imposibilidad de pagar los alquileres, mientras la deuda de las familias se acumula en los comercios de cercanía y en las tarjetas de crédito.
Ante este panorama, el conflicto escalará al plano nacional: “Tenemos compañeros con desalojos y mañana realizamos una movilización a la Secretaría de Trabajo de la Nación en Capital Federal. De esta situación van a derivar cosas nuevas”, anticipó Rodríguez sobre la protesta convocada para exigir la intervención del Gobierno nacional.
La solidaridad comunitaria frente al impacto moral y económico
A la par de las gestiones gremiales y municipales, la comunidad local sostiene una red de contención que involucra a vecinos, entidades deportivas y empresas privadas de Capitán Sarmiento que colaboran activamente con la provisión de alimentos.
El pasado domingo, durante una competencia de ciclismo local, la cantina del evento funcionó como punto de acopio donde los asistentes donaron insumos no perecederos destinados a las familias de los despedidos.
La dimensión humana del conflicto impacta de cerca en los vecinos que colaboran de manera voluntaria.
“A mí me afecta desde lo moral. La crisis se complica día a día, no pueden pagar los alquileres, la gente debe en los comercios de la zona y a las tarjetas. Es triste ver que no pueden dar de comer a sus hijos”, relató Adriana Rocca, docente jubilada que participa de las tareas de asistencia comunitaria a las familias afectadas.
La docente advirtió además sobre el efecto dominó que la falta de cobro genera en el entramado barrial: “El almacenero, la tienda de ropa, las farmacias... nadie está cobrando porque la gente no tiene un peso y tuvo que fiar o endeudarse con las tarjetas”.
Para Rocca, el acompañamiento moral resulta tan crucial como la ayuda material para sostener la dignidad de las familias.
Mientras la asistencia paliativa amortigua el impacto en la calle 29 de Junio, el futuro de los 700 despedidos y de la economía comercial del distrito permanece supeditado a las definiciones que se obtengan en la Secretaría de Trabajo y a las acciones legales que deriven del incumplimiento de la conciliación obligatoria.
