El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza condenó a 24 personas vinculadas a una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de armas entre Argentina y Chile, que operó durante más de dos años mediante una estructura destinada a adquirir armamento, trasladarlo por el país y cruzarlo de manera clandestina hacia territorio chileno.
La banda funcionó entre octubre de 2021 y diciembre de 2023 y tenía en Mendoza uno de sus principales centros logísticos. Según la reconstrucción de la causa, algunos de sus integrantes viajaban a Brasil para adquirir armas, que luego eran ingresadas a la Argentina y trasladadas hasta la provincia cuyana.
Desde allí se organizaba el último tramo de la maniobra. Las armas, cargadores y municiones eran entregados a choferes de transporte internacional, quienes los ocultaban en las cabinas de los camiones para atravesar los controles del Paso Internacional Cristo Redentor, que conecta Mendoza con Chile a través de la Cordillera de los Andes.
Las condenas fueron impuestas mediante acuerdos de juicio abreviado homologados por el juez Héctor Fabián Cortés, quien integró de manera unipersonal el tribunal. En representación del Ministerio Público Fiscal intervino el fiscal federal Federico Baquioni, con la colaboración de la secretaria Carolina Parellada y el prosecretario Martín Salvoni.
Las penas alcanzaron los seis años de prisión y, en algunos casos, fueron unificadas con condenas anteriores hasta llegar a los ocho años y seis meses.
La investigación estableció que la organización estaba encabezada por dos hombres radicados en Chile que permanecen prófugos. De acuerdo a la hipótesis fiscal, eran quienes definían los movimientos del armamento, los itinerarios y los pasos fronterizos que serían utilizados.
Por debajo de ellos actuaban los organizadores Isaac Guillermo Orellana Orellana, Lucas Sebastián Puebla González y Bayron Eduardo González Castro, encargados de coordinar distintas etapas de las operaciones.
En Mendoza, Walter Andrés Amaya Cruz tenía un papel relevante en el almacenamiento del material. Las armas eran guardadas en distintos domicilios hasta ser entregadas a quienes debían completar el traslado hacia Chile.
Uno de los episodios que permitió avanzar sobre la estructura ocurrió en abril de 2022, cuando Lucas Puebla González fue detenido por Gendarmería mientras viajaba en un colectivo de larga distancia por la Ruta Nacional 7, a la altura del departamento mendocino de La Paz, con once armas de fuego y 18 cargadores ocultos entre su equipaje.
El análisis de su teléfono permitió reconstruir contactos con otros integrantes de la banda y detectar movimientos vinculados con la adquisición del armamento.
Dos semanas después, otro involucrado fue detenido en Uspallata cuando conducía un camión hacia Chile. En la cabina llevaba escondidas once armas, siete cargadores y más de 2.000 municiones, mientras transportaba una carga de azúcar.
La pesquisa también registró un episodio en Tucumán, donde dos ciudadanos chilenos fueron interceptados a fines de 2023 mientras viajaban en un colectivo por la Ruta Nacional 38 con ocho pistolas y cinco cargadores ocultos entre sus pertenencias.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, la operatoria se financiaba además con dinero proveniente de Chile. Las transferencias se realizaban principalmente mediante empresas de remesas como Western Union y eran distribuidas entre distintos destinatarios en la Argentina.
Para los investigadores, esa modalidad permitía dificultar el seguimiento de los fondos. El dinero era utilizado para financiar la compra y el traslado del armamento, mientras que los choferes recibían pagos por el material que lograban transportar.
La causa había llegado a la instancia de juicio en mayo pasado, cuando el fiscal federal Fernando Alcaraz, a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal Mendoza, pidió llevar a juicio a 34 personas. Infobae informó entonces que durante la investigación se habían secuestrado 36 armas, 32 cargadores y más de 2.000 municiones de distintos calibres.
De aquel grupo, 24 fueron ahora condenados mediante acuerdos de juicio abreviado. Otro acusado alcanzó un acuerdo con la fiscalía que todavía debe ser homologado por el tribunal, mientras que cinco accedieron a suspensiones de juicio a prueba y cuatro fueron sobreseídos luego de considerarse que los estupefacientes encontrados en su poder estaban destinados al consumo personal.
La pena individual más elevada fue impuesta a Walter Amaya, condenado a seis años de cárcel. Bayron González Castro e Isaac Orellana Orellana recibieron cinco años y cuatro meses cada uno, aunque, al unificarse esas sanciones con condenas anteriores, ambos deberán cumplir ocho años y seis meses de prisión.
