El médico opositor Eduardo Cardet advirtió desde Holguín que las nuevas farmacias privadas de Cuba no garantizan la calidad de los medicamentos que venden y que sus precios dejan fuera a la mayoría de los enfermos que más los necesitan.
La declaración resume la tensión central que rodea a una medida que el gobierno presentó como respuesta a la peor crisis de desabastecimiento farmacéutico en décadas, según informó Radio Martí.
El detonante fue el Decreto 160 del Consejo de Ministros, emitido el 22 de julio de 2026, publicado en la Gaceta Oficial el 28 de julio y vigente desde el 4 de agosto.
La norma habilitó por primera vez a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y cooperativas no agropecuarias para prestar servicios farmacéuticos en la isla, una actividad que el Estado monopolizó durante décadas.
El decreto llegó tarde: los privados ya vendían medicamentos desde hace dos años
La formalización legal llegó después de los hechos. En municipios habaneros como Regla, establecimientos privados ya comercializaban fármacos de manera clandestina desde 2024, con precios que los vecinos describieron a Radio Martí como inalcanzables. “Los precios sí están duros. Los precios son caros”, dijo una residente de la zona consultada por el medio.
Otra vecina confirmó a la emisora que en esos locales se vende “de todo”: antibióticos en crema y en píldoras, vitaminas y fármacos importados de diversa índole. La amplitud del surtido contrasta con el colapso de la red estatal, donde el presidente Miguel Díaz-Canel reconoció este mes que apenas el 30% del cuadro básico de medicamentos está disponible, lo que equivale a que siete de cada 10 fármacos esenciales faltan.
La Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos (Ecomed) cifró el desabastecimiento en más del 70% del cuadro básico nacional.
Reportes oficiales atribuyeron el déficit a la escasez de materias primas, la falta de divisas y la crisis energética. BioCubaFarma, conglomerado estatal de biotecnología, tuvo que priorizar sus recursos para urgencias, pacientes graves y sueros de hemodiálisis.
Los precios concretos revelan quiénes quedan excluidos
LLos valores registrados en al menos una farmacia privada ya operativa en Regla ilustraron el problema con cifras precisas: la cefalexina pediátrica en polvo cuesta $2.000 pesos cubanos (USD 2.95), la nistatina $1.200 (USD 1.77), el ácido fólico en jarabe y la difenhidramina llegan a $1,800 (USD 2.65), y los suplementos vitamínicos oscilan entre $2,000 y $3,000 (entre USD 2.95 y USD 4.42). Una jubilación promedio en Cuba ronda los $4.000 mensuales, equivalentes a apenas USD 6 en el mercado informal, según informó EFE, agencia de noticias española. Eso convierte esos precios en una barrera para pensionados, pacientes crónicos y familias de bajos ingresos.
El decreto habilita a los actores privados a fijar sus propios precios, a diferencia de la red estatal subsidiada. El Estado conserva en exclusiva la distribución gratuita de fármacos por tarjeta de control y relega al sector privado a una función comercial complementaria sin topes de precio.
Cardet cuestionó los controles técnicos y la articulación con el sistema de salud
Cardet, médico y opositor radicado en la provincia de Holguín, fue más allá de la cuestión económica. En declaraciones recogidas por Radio Martí, cuestionó la capacidad real del nuevo sector para operar con los estándares técnicos que exige la actividad farmacéutica.
“No sé hasta qué punto estas farmacias privadas se puedan estructurar con la calidad y, dentro de la calidad, los controles que lleva. Es algo muy complejo porque necesita de personal especializado, de personas que entiendan de farmacología, que dominen el tema, porque no es algo tan simple como mucha gente pueda pensar”, advirtió ante la emisora.
El médico también señaló la ausencia de un vínculo formal entre esos establecimientos y los profesionales de la salud, y puso el foco en los medicamentos de mayor demanda. “Por no hablar ya de los medicamentos que se usan en otras enfermedades, como los citostáticos para la quimioterapia y demás, que alcanzan precios enormes, excesivos, lejos de la inmensa mayoría de las personas que lo puedan necesitar en un momento determinado”, dijo a Radio Martí. Su diagnóstico fue taxativo: “Desgraciadamente, no es la solución”.
La regulación exige requisitos que el propio contexto dificulta cumplir
El decreto establece condiciones claras para operar. Cada establecimiento debe obtener una licencia previa del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), contar con farmacéuticos certificados y comercializar únicamente medicamentos con registro sanitario vigente, supervisados por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED). Los fármacos controlados y los psicofármacos permanecen bajo restricción gubernamental estricta.
Las mipymes ya constituidas deben tramitar ante el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) la modificación de su objeto social para incluir la actividad farmacéutica. Las nuevas deben declararla como actividad principal.
El procedimiento no es automático ni inmediato, lo que genera una brecha entre el marco legal habilitante y la capacidad real de expansión de la red privada.
