El cese de actividades de la planta de Granja Tres Arroyos en Capitán Sarmiento abrió un frente de conflicto entre el municipio y la empresa avícola. La intendente Fernanda Astorino cuestionó públicamente a la compañía y, en una carta dirigida a su titular, reclamó precisiones sobre el futuro de los trabajadores. También anticipó que pedirá una mesa de diálogo con la firma y el Ministerio de Trabajo de la Nación.
La misiva está dirigida a Joaquín De Grazia, quien está al frente de firma, y comienza con una referencia directa a la situación que atraviesan los empleados de la planta local. “Me dirijo a usted en mi carácter de Intendente Municipal de Capitán Sarmiento, ante los telegramas que comenzaron a recibir trabajadores de Granja Tres Arroyos y la situación de profunda incertidumbre que esto genera en numerosas familias de nuestra ciudad”, escribió Astorino.
A partir de ese planteo, la jefa comunal pidió la conformación de una instancia de diálogo con participación oficial. “Ante la gravedad de esta situación, exijo la participación activa de Granja Tres Arroyos, junto con el Ministerio de Trabajo, en una mesa de diálogo y concertación, con el propósito de conocer de primera mano el estado real de la situación y coordinar acciones inmediatas que protejan las fuentes de empleo de nuestros vecinos”, indicó. Y agregó: “Estamos hablando de trabajadores y de familias que, de un día para otro, quedaron sin certezas sobre su fuente de trabajo y sobre cómo afrontar sus obligaciones cotidianas”.
Reclamo directo a la empresa
En otro tramo de la carta, Astorino apuntó contra la forma en que la empresa comunicó la medida. “Granja Tres Arroyos conoce perfectamente la importancia que tiene su actividad para Capitán Sarmiento y la cantidad de familias que dependen de estos puestos de trabajo”, planteó, para luego cuestionar: “Por eso resulta difícil comprender que se haya avanzado de esta manera, sin contemplar adecuadamente las consecuencias para quienes durante años formaron parte de la empresa”.
La intendente detalló además las acciones que el municipio puso en marcha desde que se conoció la situación de los trabajadores. “Desde el primer momento, el Municipio estuvo presente. Recibimos a los trabajadores, escuchamos sus situaciones particulares, comenzamos a brindar asistencia a las familias y realizamos gestiones ante prestadores de servicios esenciales y obras sociales para acompañar a quienes hoy atraviesan dificultades”, señaló. No obstante, remarcó los límites de esa intervención: “Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Pero el Municipio no puede ni debe reemplazar a una empresa privada en las responsabilidades y obligaciones que mantiene con sus trabajadores”.
Sobre esa base, Astorino formalizó su pedido a la empresa. “Por todo ello, solicito que brinde explicaciones claras respecto de la decisión adoptada, las circunstancias que llevaron al envío de estos telegramas y, fundamentalmente, cuáles serán las respuestas concretas de la empresa frente a las obligaciones que aún mantiene con sus trabajadores”, escribió.
Qué había comunicado la compañía
El pedido de la intendente llegó dos días después de que Granja Tres Arroyos notificara, mediante un comunicado interno, la suspensión de las tareas operativas en la planta de Capitán Sarmiento “hasta nuevo aviso a partir del 31 de agosto de 2026”. El documento instruyó al personal a no concurrir a prestar servicios, salvo convocatoria expresa de un encargado o supervisor, y atribuyó la medida a “la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor y de público conocimiento”. La empresa no precisó una fecha de reanudación de actividades ni garantizó la continuidad de los puestos de trabajo afectados por la medida.
El cierre de la planta de Capitán Sarmiento se suma a una serie de cierres, suspensiones y despidos que la compañía acumula desde diciembre de 2024, cuando solicitó ante la Secretaría de Trabajo de la Nación la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis. Desde entonces, Granja Tres Arroyos cerró su planta de Tristán Suárez, con 200 desvinculaciones sobre un plantel de 270 trabajadores, y anunció el cierre definitivo de la planta de Becar, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, cuyo personal fue trasladado a la planta La China. Esta última permanece cerrada desde fines de mayo.
A esos antecedentes se sumó, en julio, la paralización de la planta Avex, en Río Cuarto, Córdoba, presentada en un primer momento como una “parada programada de dos semanas” que terminó extendiéndose por otros 15 días a comienzos de agosto, hasta completar un mes de inactividad que afectó a 350 trabajadores. Ya en agosto, la planta Pinazo, en Pilar, suspendió a la totalidad de su personal, mientras que la planta Wade II, en Esteban Echeverría, registró paralizaciones por conflictos salariales y bloqueos, y la planta Wade I, en Ezeiza, opera con una fuerte reducción de actividad.
A mediados de agosto, la empresa había desvinculado a 250 trabajadores de su planta industrial de Concepción del Uruguay, sobre un plantel total de 900 empleados, a través de telegramas que invocaron “una grave disminución de trabajo, originada en circunstancias extraordinarias”. En paralelo, Granja Tres Arroyos negocia con sus acreedores la reestructuración de una deuda de USD 350,9 millones, con la banca de inversión VALO como asesora del proceso, en un plan que contempla quitas de hasta el 75% del capital adeudado, plazos de pago de hasta siete años y la venta de al menos cinco activos considerados no estratégicos para el grupo. La compañía es conducida por Joaquín De Grazia y, desde 2022, el 34% de su capital pertenece a la estadounidense Tyson Foods.
