La noticia llega justo después de que los presidentes Juan Antonio Kast y Javier Milei limaran asperezas por el último impasse territorial y reafirmaran el apoyo chileno a la postura argentina sobre las Malvinas. Foto: Puerto Argentino en las Malvinas.

Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas (2.970 kms al sur de Santiago), en la región de Magallanes, confirmó este jueves la firma de un contrato entre la Corporación de Desarrollo de Islas Malvinas y la naviera chilena Easter Island con el objetivo de establecer una nueva vía comercial marítima entre esa ciudad y Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, asunto que ya encendió las alarmas a ambos lados de la cordillera.

La idea es disputarle el abastecimiento de la isla a Uruguay, ruta que contempla unos 2.000 kilómetros por mar y se reduce a la mitad desde Punta Arenas, disminuyendo considerablemente los costos.

Radonich recordó que tras firmar Chile la declaración del Mercosur en 2011, que prohibió la recalada de barcos con bandera de las islas en los puertos de los países firmantes, la región de Magallanes dejó de percibir unos USD 300 millones, y descartó de paso cualquier conflicto puesto que se trata de un “acuerdo entre privados” y el barco encargado de cubrir la ruta “llevará otra bandera”, según consignó El Mercurio.

Así las cosas, el 28 de este mes llegará a Punta Arenas una delegación de 25 empresarios ingleses para discutir de negocios con proveedores chilenos, mientras que el primer viaje con alimentos, frutas y verduras, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos ya está programado para noviembre.

La noticia no es novedad, pues la naviera Easter Island había anunciado el acuerdo en julio pasado. Sin embargo, la confirmación llega en el peor momento, justo después de que los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei limaran asperezas en Santiago tras el último impasse territorial por las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde -quien volvió a poner en duda la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes-, y reafirmaran el apoyo de Chile a la posición argentina sobre las islas.

De acuerdo al edil magallánico, las islas Malvinas tienen un poder de compra de USD 20 millones anuales, cuestión que definitivamente beneficiará a la economía regional.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, aseguró que se trata de un “acuerdo entre privados” y que el barco que cubrirá la ruta no llevará bandera chilena.

Problema a la vista con Argentina

Cabe recordar que actualmente el Decreto 256 dictado en Argentina el 16 de febrero de 2010, exige autorización previa para los buques que naveguen entre el territorio continental argentino y las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Sin embargo, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), reconoce el derecho a navegar de cualquier buque sin carga de tipo militar por la Zona Económica Exclusiva (ZEE).

Debido a esto, el excomandante en jefe de la Armada de Chile, Julio Leiva, aseguró que esta nueva ruta hacia las Malvinas de seguro traerá problemas con el país vecino.

“La verdad que tiendo a pensar que es la respuesta de la ciudadanía y del alcalde Radonich para solucionar un problema que jamás debió haber existido, y que es permitir el libre comercio entre la la ciudad de Punta Arenas con las islas. Finalmente, se actuó en forma proactiva y, obviamente, va a haber problema”, aseguró en entrevista con Tele13 Radio.

“Me imagino que Cancillería debe tener claro cómo resolverlo, debe haberlo pensado, este debe ser un escenario que ya debe haber estado preparado y de qué manera se va a solucionar (...) No creo que estas conversaciones y esto haya sido secreto, porque eso tiene que haber sabido en distintas esferas y por lo tanto, debe haber habido unos avisos correspondientes al respecto”, complementó.

Leiva aseguró que no existen incidentes serios entre ambos países por el decreto 256/2010, aunque “hay multas cursadas que no han sido pagadas, por lo que yo recuerdo”.

Finalmente, el exuniformado sostuvo que Argentina impuso “una norma que están haciendo cumplir en forma bastante laxa, porque tengo la sensación de que se dan cuenta que no es una norma que esté de acuerdo al derecho internacional marítimo”.