El chavismo mueve ficha para avanzar en el cumplimiento de los acuerdos firmados con la oposición, en el marco del proceso de negociación diseñado y promovido por la administración de Donald Trump.
El Parlamento controlado por el oficialismo aprobará este jueves 27 de agosto en primera discusión una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que tiene como fin darle mayoría a la sociedad civil en un comité de postulaciones judiciales que hasta la fecha era controlado por los diputados del gobierno.
El primer ciclo de conversaciones, que finalizó el 12 de agosto, arrojó como resultado el compromiso de “trabajar por la transformación del sistema de justicia” de Venezuela. Entre las medidas a ejecutar para alcanzar ese objetivo, se incluyó la renovación y ampliación del comité de postulaciones judiciales.
Para materializarse, las decisiones que se tomen en la negociación requieren la activación de la Asamblea Nacional, totalmente dominada por el chavismo y donde los principales grupos de la oposición no tienen representación.
Los adversarios del gobierno llamaron a boicotear las elecciones parlamentarias de 2025, tras denunciar un fraude en los comicios presidenciales de 2024, en los que el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Nicolás Maduro sin presentar jamás las actas de escrutinio.
Ramón López, miembro de la delegación negociadora de la oposición, había adelantado que el comité de postulaciones pasaría de 21 a 23 integrantes, con 12 sillas para figuras de la sociedad civil y las otras 11 para los parlamentarios.
De cero
El Parlamento chavista modificó en mayo la Ley Orgánica del TSJ, aumentando el número de magistrados de 20 a 32. Hecho el cambio, dio inicio al mecanismo para el nombramiento de los nuevos magistrados. Todo ese proceso sufrió un frenazo tras la instalación de la negociación auspiciada por Estados Unidos.
“Se declaró en cero el proceso que había iniciado la AN”, manifestó López. Las partes acordaron en agosto “activar un nuevo proceso de postulación para la renovación y designación de todos los magistrados del TSJ”, y “conformar un consejo de revisión de credenciales y requisitos de los postulados al TSJ, para el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, la ley y el baremo de evaluación”.
La reforma de la Ley Orgánica del TSJ es el primer paso en un camino que se muestra largo y lleno de obstáculos. Está previsto que el proceso de negociación se reactive en septiembre para abordar temas como los derechos y garantías políticas, donde la oposición planteará el cese de la intervención judicial que pesa contra sus partidos y el levantamiento de las inhabilitaciones políticas que afectan a dirigentes como María Corina Machado, premio Nobel de la Paz.
