La Cámara de Comercio de Panamá volvió a cuestionar los controles de precios y sostuvo que esa política provocó distorsiones en la cadena productiva, redujo incentivos para la oferta y terminó por trasladar costos hacia los consumidores.
La organización afirmó que advirtió esos efectos desde la creación de la medida y que mantuvo esa postura durante la administración anterior.
La regulación tuvo su origen en el Decreto Ejecutivo N.º 165, aprobado el 1 de julio de 2014, norma que estableció precios máximos de venta al por menor y márgenes brutos de comercialización para 22 alimentos.
El esquema nació en un período marcado por el aumento del costo de vida, y la intención oficial era contener incrementos considerados desproporcionados en los alimentos de consumo habitual.
La disposición también buscaba corregir situaciones que afectaban la competencia en el mercado. La legislación contemplaba este tipo de intervención como un recurso excepcional y temporal.
En 2025, el régimen todavía incluía ocho alimentos, y las decisiones posteriores dejaron bajo control únicamente la carne molida de primera, el aceite vegetal, la leche en polvo y el pan de molde blanco.
Según los comerciantes, la intervención no resolvió de forma estructural el costo de la canasta básica.
Para el gremio empresarial, el carácter temporal del control quedó desmentido por su duración.
La medida se instauró como una herramienta transitoria, pero se mantuvo durante más de una década.
En su nota dominical, que lleva como responsable a su presidente, Aurelio Barría Pino, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá indicó que el esquema generó subsidios cruzados entre productos y trasladó parte de los costos a otros artículos. También alertó que afectó las condiciones de abastecimiento.
La entidad sostuvo que Panamá ya atravesó esa experiencia y pidió no repetirla.
Su planteamiento es que los controles de precios restringen el funcionamiento de las cadenas comerciales, mientras que la competencia amplía las alternativas disponibles.
El Gobierno nacional busca mecanismos para reducir el gasto de los hogares en alimentos y productos esenciales y la Cámara considera necesario ese objetivo, pero propone alcanzarlo sin restablecer mecanismos de intervención directa sobre los precios.
La discusión se centra ahora en la iniciativa Canasta Básica pa’ Ti, que el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) conversa con representantes del sector privado.
El gremio describió esa propuesta como una alternativa basada en el diálogo, la adhesión voluntaria de las empresas y la búsqueda de precios más accesibles.
No obstante, consideró que ese método puede avanzar si respeta la competencia y las condiciones particulares de cada cadena de comercialización.
También señaló que el Estado debe actuar como facilitador de los acuerdos, sin imponer la participación empresarial.
La propuesta, según el pronunciamiento de los empresarios, debe apuntar a una fórmula basada en una mayor oferta, más competencia y opciones de compra que permitan reducir el gasto de los consumidores.
El desafío, añadió la organización, será transformar las conversaciones en resultados concretos.
Aduce que la iniciativa deberá definir qué productos formarán parte de la canasta, cuál será el ahorro efectivo para los hogares y si habrá existencias suficientes en los comercios.
El gremio también planteó que el programa deberá demostrar que puede sostenerse en el tiempo.
Para la Cámara, la evaluación no debería limitarse a los anuncios ni a la cantidad de productos incluidos.
Los dos indicadores centrales, remarcó, serán la disponibilidad y el precio final. El objetivo será que los consumidores encuentren los artículos contemplados y paguen menos por ellos.
La posición de la Cámara se mantiene: los controles de precios producen distorsiones, mientras que la competencia puede generar alternativas para el público.
La entidad propuso mantener un diálogo entre el sector público y el privado para desarrollar medidas sostenibles que alivien el bolsillo de los panameños.
