La decisión de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de retirar el esquema de seguridad asignado al activista y creador de contenido, Beto Coral, abrió un nuevo cruce público en Colombia: el propio Coral anunció que no acudirá a ninguna vía de apelación y su madre difundió un comunicado en el que vincula la medida con un contexto de amenazas contra su familia.
En una publicación en su cuenta de X, Coral escribió: “Comparto este comunicado de mi señora madre. Dejo constancia de que no interpondré recurso alguno contra la decisión de la Unidad Nacional de Protección @UNPColombia. Respeto la determinación de la entidad y agradezco al ex presidente @petrogustavo por la protección recibida”.
El creador de contenido precisó que el dispositivo de protección no lo cubría solo a él. “El esquema era extensivo y cobijaba a mi madre, ella tampoco apelará ninguna decisión”, afirmó en el mismo mensaje.
Las declaraciones se conocieron después de que la Unidad Nacional de Protección anunciara el 28 de agosto de 2026 que ordenó retirar los esquemas de seguridad asignados a Juliana Guerrero y a Franklin Humberto Coral Garrido, conocido en redes como Beto Coral.
En el comunicado que Coral dijo compartir, su madre se identificó por nombre propio y por su vínculo familiar: “Mi nombre es Luz Mery Garrido. Soy la madre de Franklin Humberto Coral Garrido (más conocido familiarmente y en redes sociales como “Beto” Coral), viuda del mayor de la Policia Nacional de Colombia Humberto Coral Caballero”.
Garrido relató el impacto que, según su versión, ha tenido en su vida la muerte del padre de sus hijos: “Durante más de 30 años he luchado por sacar adelante a mis hijos sin ayuda de nadie, he tenido que enfrentar situaciones muy complejas con miedo y en soledad después de que el Estado me arrebatara hace muchos años al padre y protector de mis hijos”.
En ese texto, la madre de Coral mencionó amenazas y una situación de persecución como marco de su pronunciamiento: “Hoy, ante las amenazas y la persecución que está sufriendo mi hijo, y que inevitablemente también alcanza a nuestra familia, como siempre pongo la vida de los míos y mi existencia en manos de Dios”.
También incluyó una referencia religiosa como sustento de su mensaje: “Confio plenamente en su misericordia, compasión y protección Divina contra las injusticias y acechanzas de los malvados”.
Coral, por su parte, cuestionó el tratamiento de su caso en la cobertura periodística y rechazó comparaciones con otra persona mencionada de manera indirecta en su publicación: “Resulta tremendamente ofensivo que los medios de la prensa equipar en mi caso con el de una señora imputada y que además se aprovechó del proyecto progresista para lograr y favorecer a otros”.
En la misma frase, agregó una aclaración sobre su relación con el Gobierno de Gustavo Petro: “En mi caso jamás ha sido contratista funcionario ni he tenido cuotas en el gobierno de Petro en cualquier otro”.
UNP ordenó retirar los esquemas de seguridad de Juliana Guerrero y Beto Coral
La Unidad Nacional de Protección dispuso retirar los esquemas de seguridad que habían sido asignados a Juliana Guerrero y al creador de contenido Beto Coral. Ambos contaban con protección otorgada durante el gobierno anterior, bajo la dirección de Augusto Rodríguez en la UNP. La decisión se produce tras cuestionamientos sobre el otorgamiento y la permanencia de estas medidas, en un contexto de revisión general sobre los criterios utilizados para asignar protección oficial.
Tanto Guerrero como Coral disponen de un plazo de 10 días para apelar la resolución y solicitar una revisión del caso. En el caso de Juliana Guerrero, su situación se encuentra en el centro de una investigación judicial por presunta falsificación de títulos para acceder al cargo de viceministra de las Juventudes, y existen otras denuncias sobre posibles beneficios económicos obtenidos mediante contratos estatales durante la gestión anterior.
En semanas recientes, se generó polémica por la solicitud de reforzar su esquema de seguridad cuando ya no ejercía funciones públicas.
Respecto a Beto Coral, la controversia surgió luego de su regreso a Colombia tras abandonar su solicitud de asilo en Estados Unidos y ser deportado. La UNP le asignó protección, lo que fue objetado por el sindicato del organismo. El director de la entidad confirmó que se inició un análisis específico sobre su caso, sin revelar detalles para no comprometer la seguridad del implicado.
La medida se inscribe en una discusión más amplia sobre el uso de los esquemas de protección oficial y su continuidad una vez modificadas las circunstancias originales que motivaron su asignación.
