Un policía de Corea del Sur fue arrestado tras confesar que cerró decenas de expedientes de personas desaparecidas sin investigarlos, para evitar la carga de trabajo que implicaba mantenerlos abiertos. El escándalo, que sacudió la popular isla turística de Jeju, dejó al descubierto fallas estructurales en el sistema de control policial y derivó en el hallazgo de cuatro cuerpos en menos de una semana.
El agente, identificado por su apellido Bu, prestaba servicio en la Comisaría de Jeju Seobu. La Agencia Provincial de Policía de Jeju lo detuvo bajo sospecha de negligencia en el cumplimiento del deber, falsificación de registros electrónicos oficiales y obstrucción del trabajo policial por medios fraudulentos, según informó el medio Korea Times.
Fue arrestado de urgencia el 22 de agosto, liberado dos días después por el Tribunal de Distrito de Jeju y vuelto a detener el 25 del mismo mes tras la emisión de una orden judicial formal.
Bu mintió a las familias y alteró registros en el sistema oficial de desaparecidos
Uno de los casos de mayor impacto involucra a Jang Mi-ran, una mujer de 37 años desaparecida en mayo, cuya denuncia fue radicada por su novio. Bu le aseguró al denunciante que había contactado a la mujer y que ella no quería revelar su paradero, según consignó el Korea Times. Las autoridades comprobaron luego que esa conversación nunca ocurrió: no quedaron registros en el teléfono personal ni en el laboral del agente, ni en el de la propia mujer.
Bu borró además los datos de Jang del sistema de gestión de desaparecidos y cerró el expediente. Debido a esa maniobra, la familia tardó semanas en presentar una nueva denuncia y, para entonces, las grabaciones de las cámaras de vigilancia cercanas al alojamiento de la mujer ya estaban eliminadas.
El cuerpo de Jang fue hallado el 24 de agosto, en Hallim-eup, Jeju, 104 días después de su desaparición, a unos 400 metros de donde vivía.
El segundo caso corresponde a un hombre de unos 60 años reportado como desaparecido en julio. Bu repitió el mismo procedimiento: afirmó haberlo contactado y registró que el hombre no deseaba ser localizado. El cuerpo fue encontrado el 22 de agosto en Gujwa-eup, Jeju.
La revisión de 298 expedientes reveló al menos 25 cierres irregulares adicionales
Ante la magnitud del caso, las autoridades ordenaron revisar la totalidad de los 298 expedientes que Bu tramitó y cerró durante su período en el equipo de investigación, entre marzo de 2025 y julio de 2026, un lapso de unos 16 meses. Esa cifra equivale a cerca del 11% de todas las denuncias de desaparecidos registradas en Jeju durante ese período, según las autoridades, y triplica el promedio simple por agente.
El Korea Times informó que Hong Seok-ki, jefe de la Oficina Nacional de Investigación de la Agencia Nacional de Policía de Corea (KNPA), visitó la comisaría de Jeju para recibir informes sobre la situación. “Por supuesto, lamento lo ocurrido y tomaré medidas institucionales para garantizar que algo así no vuelva a repetirse”, declaró al salir del edificio. La primera ministra Han Seong-sook ordenó a la KNPA investigar a fondo el caso y elaborar medidas estructurales para evitar su repetición.
Las autoridades identificaron al menos 25 expedientes adicionales con indicios de cierre irregular o datos falsos. En 10 de esos casos, Bu cerró las investigaciones sin contactar a las personas ni confirmar su seguridad; todas fueron ubicadas con vida posteriormente. En otros 15, las personas estaban a salvo, pero Bu registró en el sistema que habían fallecido en accidentes de tránsito, homicidios u otras circunstancias.
El escándalo abrió un debate nacional sobre la supervisión policial
El caso sacudió la credibilidad de la institución en un momento político sensible. Bajo un sistema que la KNPA revisa actualmente, los agentes podían cerrar denuncias de desaparecidos de forma unilateral, sin notificar a sus superiores. Esa ausencia de supervisión facilitó que las irregularidades de Bu pasaran inadvertidas durante meses. El Korea Times señaló que la KNPA evalúa si los mandos intermedios omitieron los controles que les correspondían.
La presión ciudadana y mediática llevó al presidente surcoreano, Lee Jae Myung, a prometer una reforma institucional. El escándalo llegó en un momento en que el gobierno impulsa leyes para transferir a la policía el poder de investigación que hasta ahora ejercían los fiscales, con el argumento de reducir su influencia en asuntos políticos. La medida genera resistencia entre quienes cuestionan la trayectoria de la fuerza en materia de corrupción e incompetencia.
Con cuatro cuerpos hallados en Jeju en menos de una semana y cientos de expedientes bajo revisión, la KNPA enfrenta una crisis de confianza que el propio gobierno reconoce como un problema de fondo institucional. Las agencias de policía de todo el país iniciaron revisiones de expedientes cerrados, y el caso de Bu quedó como símbolo de un fallo sistémico que trasciende la conducta individual de un agente.
