“No, aquí no hay libertad”. La frase abre una serie de testimonios recogidos en Baracoa, en la provincia de Guantánamo, donde varios ciudadanos cubanos respondieron una pregunta directa sobre las libertades en la isla. Las voces, documentadas por el medio independiente Árbol Invertido, describen un escenario de restricciones políticas, precariedad económica y temor a represalias por cuestionar al régimen.
Uno de los entrevistados remonta su percepción a la juventud. Dice que los problemas comenzaron cuando expresó desacuerdo con las autoridades y señala que el Estado intervenía en asuntos de la vida cotidiana. Su relato no se concentra en un hecho puntual, sino en una sensación acumulada de vigilancia y falta de autonomía.
Otro de los participantes se identificó como Roberto Alan Fundora y sostuvo que el país necesita un cambio. Según expresó, el sistema político, económico y social vigente impide el desarrollo de los ciudadanos. “Cada día estamos más mal”, afirmó, antes de señalar que no logra ver una salida para el futuro inmediato.
Sus palabras sitúan la discusión sobre la libertad junto a una realidad material que atraviesa a numerosas familias cubanas: dificultades para conseguir alimentos, apagones prolongados, falta de medicamentos y pérdida del poder adquisitivo. La denuncia política aparece, en estos testimonios, unida a la imposibilidad de cubrir necesidades básicas.
Los participantes del registro no formularon un programa político ni detallaron medidas concretas. Sí coincidieron en una demanda: poder vivir sin miedo y contar con condiciones para progresar. Para ellos, el cambio implica la posibilidad de hablar sin castigos, desplazarse libremente y obtener una respuesta institucional frente a la pobreza.
Las denuncias recogidas en Baracoa muestran que la discusión sobre derechos humanos en Cuba permanece ligada a la vida diaria. La falta de alimentos, los apagones y los bajos ingresos forman parte del mismo relato que las restricciones para criticar al poder.
Los testimonios de Baracoa vinculan la falta de libertades con la crisis cotidiana
La ausencia de garantías para expresar una opinión crítica atraviesa los testimonios recogidos en Baracoa. Los entrevistados no solo cuestionaron la falta de libertad de expresión, sino que describieron un clima en el que hablar contra las autoridades, organizarse o reclamar por problemas cotidianos puede implicar temor a represalias.
Ese malestar político convive con una crisis que afecta las condiciones de vida. Human Rights Watch informó que durante 2025 persistieron la escasez de alimentos, medicamentos y productos esenciales, además de apagones de hasta 20 horas diarias en algunas zonas. El Ministerio de Salud Pública reconoció en julio de ese año que solo estaba disponible el 30% de los medicamentos de su lista básica.
La organización también citó una encuesta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, según la cual siete de cada diez cubanos omitían al menos una comida diaria entre junio y julio de 2025. Ese dato aporta contexto a las palabras de los habitantes de Baracoa, quienes vincularon el reclamo de libertades con la dificultad para alimentarse, acceder a servicios básicos y construir un futuro dentro de la isla.
Human Rights Watch también señaló que cientos de críticos y manifestantes permanecían detenidos de manera arbitraria, mientras otros cumplían arresto domiciliario o enfrentaban vigilancia y limitaciones a su movilidad.
De acuerdo con el informe, Cubalex documentó al menos 203 detenciones arbitrarias en operativos policiales y de vigilancia estatal entre enero y junio de 2025. Prisoners Defenders, por su parte, estimó que había cerca de 700 presos políticos en octubre de ese año. Son cifras elaboradas por organizaciones independientes, ante la ausencia de un registro oficial del régimen cubano.
