La administración penitenciaria federal sumó una nueva herramienta para el manejo de detenidas consideradas de máxima peligrosidad. A través de una resolución firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, el Gobierno aprobó el “Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo” para mujeres dentro del Servicio Penitenciario Federal.
La medida incorpora un esquema específico para internas vinculadas a organizaciones criminales complejas, con criterios de evaluación, clasificación, separación y supervisión diferenciados. El texto oficial sostiene que la decisión responde a cambios detectados en la criminalidad organizada y a la necesidad de impedir que estructuras delictivas mantengan capacidad de acción desde el interior de las cárceles.
El nuevo régimen se apoya en la experiencia previa del sistema general de alto riesgo que ya funcionaba en el ámbito penitenciario federal y, según los fundamentos de la resolución, busca adaptar ese modelo a las características de la población penal femenina. La norma también fija plazos para elaborar protocolos complementarios, asigna responsabilidades operativas y ordena informes técnicos semestrales sobre su aplicación.
La resolución aprueba e implementa el sistema para mujeres como anexo integrante de la medida y faculta a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal a tomar las decisiones necesarias para su puesta en marcha. Entre esas tareas figuran la planificación operativa, la selección y capacitación del personal, la supervisión del dispositivo y la asignación de recursos de infraestructura y tecnología.
Además, el artículo 3 encomienda a esa autoridad la elaboración de protocolos complementarios y manuales específicos en un plazo de 60 días. El gasto que demande la implementación será cubierto con partidas asignadas a la Jurisdicción 41 – Ministerio de Seguridad Nacional – Servicio Penitenciario Federal dentro del presupuesto nacional.
La resolución también ordena un seguimiento periódico del funcionamiento del sistema. En ese punto, establece que la autoridad penitenciaria deberá presentar informes técnicos semestrales desde la firma de la medida para evaluar el grado de avance, detectar necesidades de corrección y elevar propuestas fundadas.
El texto oficial recuerda que en 2024 el entonces Ministerio de Seguridad había aprobado el SIGPPLAR, el “Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo” para el ámbito general del Servicio Penitenciario Federal. Aquella herramienta, según la resolución actual, fue diseñada para enfrentar, disuadir, desarticular y neutralizar la actividad de integrantes de organizaciones criminales nacionales y transnacionales alojados en cárceles federales.
De acuerdo con los considerandos, la aplicación de ese esquema mostró “impactos positivos en materia de seguridad pública y administración penitenciaria”.
La norma agrega que esa experiencia llevó a detectar la necesidad de desarrollar procedimientos diferenciados para mujeres detenidas con vínculos con estructuras delictivas complejas. En ese marco, el Ministerio afirma que el crecimiento de perfiles criminológicos asociados a internas con funciones de conducción, enlace o coordinación exige respuestas específicas dentro del sistema penitenciario.
Uno de los argumentos centrales del texto es que en distintos estudios especializados se advirtió una mayor participación de mujeres en roles ejecutivos y de conducción dentro de organizaciones criminales, en especial tras la detención de referentes varones o a partir del refuerzo de controles penitenciarios.
La resolución menciona el documento “The Missing Piece of the Puzzle”, elaborado por Olivera y Walker en 2024 para la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, donde se señala que mujeres vinculadas a esas redes pueden asumir tareas de enlace, mensajería, coordinación y continuidad operativa, incluso en contextos de encierro o en esquemas de vínculo familiar.
También cita “Understanding the Role of Women in Organized Crime”, publicado por la OSCE en 2023, que describe funciones múltiples para mujeres dentro del crimen organizado, entre ellas administración financiera, logística, transmisión de mensajes y gestión de recursos y personas. Sobre esa base, la resolución sostiene que ciertas organizaciones estructuradas como “clan familiar” recurren a integrantes mujeres para mantener la operatoria ilegal.
Según la resolución, 78 miembros de distintas organizaciones criminales fueron incorporados al sistema general de alto riesgo, y una parte importante de ellos desarrolla sus actividades en Santa Fe, Salta, Jujuy, Córdoba y Corrientes. Para el Ministerio, ese dato muestra la relevancia estratégica del dispositivo para el seguimiento y la neutralización de estructuras con presencia en varias jurisdicciones.
El nuevo sistema para mujeres prevé adecuaciones en infraestructura, tratamiento, salud integral, vinculación familiar, condiciones de alojamiento y formación del personal penitenciario. El objetivo declarado es garantizar una aplicación “sustancialmente equitativa” del régimen y una gestión adecuada del riesgo criminológico.
En esa línea, la resolución dispone que el personal afectado deberá recibir capacitación específica en perspectiva de género y en abordaje de población penal femenina de alto riesgo, como complemento de la formación especializada prevista en el esquema general.
