La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, denunció que la estructura ‘Gerónimo Galeano’, de las disidencias de las Farc, habría hurtado 41 cilindros de gas en una zona rural del municipio de Rioblanco. El caso encendió las alertas de las autoridades porque todavía no se conoce cuál sería el propósito de estos elementos.
De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la mandataria aseguró que integrantes de esa estructura armada habrían ingresado a la vereda Darién, en el núcleo de La Lindosa, y se habrían apoderado de los cilindros, que pertenecían a comunidades y a empresas que prestan servicios en la zona.
El hecho genera preocupación especial por el riesgo que podría representar el uso de estos elementos en una región donde las autoridades han venido reforzando acciones de seguridad por la presencia de grupos armados ilegales. Matiz pidió a la Fuerza Pública mantener atención especial sobre Rioblanco y el resto del sur del Tolima.
Gobernadora pide actuar de inmediato
A través de su cuenta de X, la gobernadora advirtió que detrás de este tipo de acciones “no hay ningún buen propósito” y llamó a las autoridades a anticiparse a cualquier amenaza. La mandataria insistió en que el caso debe ser atendido con rapidez, precisamente porque no se tiene claridad sobre el destino de los cilindros.
“No sabemos todavía para qué pretenden utilizar estos cilindros, pero las autoridades deben actuar de inmediato para anticiparse a cualquier amenaza”, manifestó Matiz.
La gobernadora también pidió duplicar los esfuerzos en materia de seguridad en el sur del departamento. Su llamado se da en medio de una situación compleja para el Tolima, que además enfrenta una emergencia por incendios forestales que afectan principalmente al centro y oriente del territorio.
Pese a esa emergencia ambiental, Matiz aseguró que su administración mantiene la atención sobre el orden público. La denuncia por el hurto de los 41 cilindros obliga ahora a coordinar acciones entre autoridades locales, departamentales y la Fuerza Pública para establecer qué ocurrió y quiénes participaron.
El caso pone nuevamente bajo observación a Rioblanco, un municipio donde se han conocido alertas por actividades de grupos armados ilegales. La preocupación de las autoridades no solo está en el robo como tal, sino en la posible utilización posterior de los cilindros y en el impacto que eso podría tener sobre las comunidades rurales.
Llamado de alerta a las comunidades
Matiz pidió a los habitantes del sur del Tolima permanecer atentos y reportar oportunamente cualquier comportamiento sospechoso, movimiento extraño o situación que pueda representar un riesgo para las familias. La mandataria insistió en que la información ciudadana puede ser clave para prevenir hechos que alteren la seguridad.
“A los habitantes del sur del Tolima les pedimos estar totalmente alertas”, señaló la gobernadora, al pedir que las comunidades mantengan comunicación con las autoridades frente a cualquier novedad.
La mandataria también envió un mensaje directo a los responsables del hecho. “Los estamos siguiendo y vamos por ustedes”, afirmó, al advertir que las autoridades avanzarán en las acciones necesarias para ubicar a quienes participaron en el hurto.
Ahora, las investigaciones deberán determinar cómo ocurrió el robo de los 41 cilindros de gas, quiénes intervinieron y cuál sería la intención de la estructura armada con estos elementos. Ese último punto es el que más inquietud genera entre las autoridades, pues el uso final de los cilindros aún no ha sido establecido.
La denuncia mantiene en alerta a las autoridades en Rioblanco y en otros municipios del sur del Tolima. La Fuerza Pública ha venido reforzando su presencia para contener la actividad de grupos armados ilegales, mientras las comunidades rurales piden garantías de seguridad en medio de un escenario marcado por riesgos de orden público y emergencias ambientales simultáneas.
El llamado del Gobierno departamental apunta a evitar que el hurto derive en una amenaza mayor. Por ahora, la prioridad será recuperar los cilindros, verificar los movimientos de la estructura señalada y prevenir cualquier acción que pueda poner en peligro a la población civil o afectar la tranquilidad de las veredas del sur tolimense.
