La ONG Temblores se unió a la discusión sobre la decisión del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella de levantar la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia (Decreto 1368 de 2026).
De acuerdo con la organización, en el país estaban suspendidos de manera general los permisos para poder portar armas y quienes contaban con dicho permiso, también tenían que obtener una autorización especial. El decreto cambió eso.
“Deberá restablecerse la eficacia de los permisos individuales para el porte de armas de fuego que se encuentren vigentes y respecto de los cuales no exista suspensión individual, cancelación, revocatoria, vencimiento, prohibición legal o judicial (...). Los titulares de permisos de porte de armas de fuego vigentes no requerirán tramitar autorización especial adicional”, precisa el decreto.
La ONG Temblores verificó lo establecido en el documento expedido por el Gobierno y advirtió que hay aspectos que preocupan. Según indicó, hace falta mayor información sobre las consecuencias que podría generar el levantamiento de la suspensión de los permisos. Esto, en relación con índices de violencia en el país.
“Nos preocupa que en la motivación del decreto no se presente evidencia empírica sobre los efectos que esta decisión podría tener sobre la violencia armada en Colombia. No hay un análisis sobre homicidios, lesiones, riñas, violencia de género o violencia intrafamiliar”, precisó.
Según afirmó, existe el riesgo de que haya un incremento en los casos de violencia. La evidencia que hay al respecto es del extranjero: en Estados Unidos, donde está permitido el porte de armas para los civiles, se ha evidenciado un aumento de los homicidios de entre el 10% y el 30% tras la flexibilización de las regulaciones. En 2025, se registraron 14.600 muertes con armas de fuego y hubo 26.100 heridas, según información a la que accedió la organización.
Ahora bien, un porte de armas más flexible en Colombia podría tener resultados problemáticos en materia de seguridad. Según la ONG, hay múltiples formas de violencia que ya existen en el país y que podrían empeorar. Además, conflictos cotidianos como el hecho de que un vecino tenga la música muy alta, o que un conductor cierre a otro en la vía, podrían terminar involucrando el uso de las armas.
“Permitir el porte de armas no es solo una discusión jurídica. Más armas circulando pueden convertir conflictos cotidianos —una riña, una pelea de tránsito, una situación de violencia intrafamiliar o una noche de rumba— en hechos letales”, aclaró.
La organización advirtió, además, que el Gobierno de De la Espriella todavía no ha despejado una duda clave relacionada con el tema: ¿cuántas personas quedan efectivamente habilitadas para portar armas con esta decisión? En consecuencia, Temblores informó que solicitará los datos y estudios técnicos que se utilizaron para sustentar el Decreto 1368 de 2026 y hará seguimiento a los impactos que genere en la sociedad colombiana.
“Ampliar la posibilidad de tener más armas en las calles pone en peligro la vida y la integridad de los ciudadanos”, añadió.
Ante las advertencias y críticas que la administración anticipó que podrían surgir por la expedición del decreto, el presidente Abelardo de la Espriella aclaró que el levantamiento de la suspensión general de los permisos no significa que las personas ahora podrán adquirir armas de fuego y portarlas sin pasar por ningún trámite. Según detalló, el documento no hace cambios en el proceso para adquirir las autorizaciones.
“Que quede claro: esto NO significa porte indiscriminado. Se mantienen controles estrictos, requisitos y permisos de las autoridades competentes. Lo que termina es la suspensión general que convertía la prohibición en regla”, precisó el primer mandatario en X.
