La frontera entre la seguridad y la privacidad en internet es muy fina. El conflicto entre hasta dónde se puede vulnerar la segunda para garantizar la primera está permanentemente abierto. La Unión Europea debatirá y aprobará durante la presidencia española, si se cumple el calendario previsto, un reglamento (directamente aplicable) que obliga a las empresas de servicios web a “evaluar, mitigar los riesgos y, en caso necesario, detectar, denunciar y eliminar el abuso sexual de menores en sus servicios”. Las instituciones de la UE y decenas de asociaciones relacionadas con los derechos de la infancia respaldan la iniciativa ante un problema que afecta a, “al menos, uno de cada cinco niños”, según el estudio del Consejo de Europa One in Five. Por el contrario, entidades como Xnet, una red de defensores de los derechos digitales, y otros especialistas creen que la propuesta es inviable, pretende acabar con la confidencialidad en las comunicaciones y atenta contra libertades fundamentales. El propio reglamento considera que estas se verán afectadas, pero justifica su limitación.
La propuesta de reglamento, que admite la limitación de derechos fundamentales, cuenta con el apoyo de defensores de la infancia y el rechazo frontal de grupos por la libertad en la Red
